Parece que la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana empieza a calibrar con algo más de precisión el verdadero impacto que tendrá en la economÃa española el establecimiento de un sistema de pago por uso en las vÃas de alta capacidad españolas, en forma de pérdida de competitividad e incremento de los precios de gran parte de los productos básicos de la cesta de la compra.
Al menos rehuye utilizar el término peaje para el proyecto que, como ha indicado públicamente la propia Raquel Sánchez, el Gobierno tiene previsto implantar a partir de enero de 2024 y empieza a hablar, como ya ha hecho en una reciente entrevista con El Periódico, de que descarta «volver a aplicar peajes como los que habÃa hasta ahora».
Sánchez justifica el futuro establecimiento del pago por uso en autovÃas en que «hay que buscar un sistema para poder financiar el mantenimiento de las carreteras, en la lÃnea de lo que se hace en 23 de los 27 Estados de la UE».
Con esta futura tasa también se pretende conseguir una «tarificación justa y equilibrada, un sistema público y homogéneo para el conjunto de España, para que no se produzcan agravios como se han venido produciendo». Algo que supone una contradicción con el hecho de que Guipúzcoa ya tenga su propio y polémico esquema, o mientras que otras demarcaciones, como Vizcaya, Navarra o Cataluña, aspiran a contar con sus propios mecanismos más pronto que tarde.
Sin embargo, pese a todo, el Diccionario panhispánico del español jurÃdico define con precisión el término peaje como el «precio que se paga para utilizar una infraestructura viaria».
En definitiva, háblese de peaje o pago por uso, el caso es que los usuarios tendrán que aflojar el bolsillo para transitar por una determinada carretera. Si se prefiere, por decirlo en el «lenguaje poético» del Juan de Mairena inventado por Machado: lo mismo me da que me da lo mismo: A pagar toca.
